Audiencia de Gas: Estaciones de Servicio de GNC reclamaron al gobierno “prudencia” en la determinación de precios
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Afirman que los aumentos propuestos por las distribuidoras afectarían de manera considerable a los usuarios y a los expendedores de combustibles.
Ayer se desarrolló la última de las jornadas de la Audiencia Pública de Gas, evento en el que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó un modelo para establecer los nuevos precios en la tarifa.
Entre los 124 participantes -miembros de compañías, asociaciones y cámaras sectoriales, así como entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes- fueron de la partida la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA, la Federación de Expendedores del Interior (FAENI), la Cámara de Expendedores de Entre Ríos (CECAER) y la de Jujuy, además de la consultora Contegas. Todos en su conjunto, expresaron su preocupación ante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que introduce reformas significativas en la industria energética argentina que buscan simplificar la legislación existente, eliminar ayudas estatales y reestructurar el control en el sector energético, lo que sin dudas impactará en el sector.
La exposición tuvo como eje principal la situación que presentan las pequeñas y medianas empresas expendedoras de GNC, como consecuencia de los importantes incrementos de variables clave que afectan los costos de operación del sector, como son las tarifas de energía eléctrica, el aumento la nafta súper y sus impuestos asociados y los ajustes salariales de las recientes negociaciones paritarias. Durante el tiempo de exposición del tema, explicaron el impacto que los aumentos tienen en la base para el cálculo del costo del gas natural que llega a las Estaciones de Servicio, insumos básicos para el desarrollo de sus actividades.
Para contextualizar cabe destacar que los citados aumentos han impactado fuerte y negativamente en la estructura de costos de las referidas PyMES, quienes, por razones de mercado, se ven impedidas de trasladar los mismos a los precios de venta en su totalidad, lo que deriva, en algunos casos en decisiones no gratas como despidos de personal, cierre de establecimientos y un contexto social que se agrava en nuestro país.